lunes, 27 de septiembre de 2010

27 de septiembre de 1975, 54 días antes.

Juan Paredes Manot, Ángel Otaegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso. Estos cinco nombres tienen entre sí una triste cosa en común: fueron los últimos fusilados por la dictadura del General Franco, el 27 de septiembre de 1975, hace ahora 35 años.
Franco agonizaba y su régimen con él. Sin embargo, los jefes de la dictadura, más franquistas que el propio Franco, quien por esa época era un anciano enfermo y débil, ni querían ni podían ceder ante las demandas de libertad ni se podían permitir el lujo de que dentro y fuera de España se creyera que esa debilidad del dictador se contagiara al régimen, así que precisaban de manera urgente un golpe de efecto, un escarmiento que diera a entender que aquí se mantenía todo igual y que, en cualquier caso, el que se atreviera a moverse fuera de la foto oficial, iba a ser castigado con rigor. Y cómo. Y nada calma más ni es más ejemplarizante que una condena a muerte. O cinco.
¿Pero quiénes eran los condenados? ¿De qué fueron acusados? ¿Cuál era su historia?
Veámosla.
José Humberto Baena Alonso era un joven de 25 años nacido en Vigo. Su pecado “original”, aquél que lo llevó a estar fichado por la policía política del régimen, fue que durante el primer curso de carrera - estudiaba Filosofía y Letras- fue detenido, juzgado y expedientado por participar en unas manifestaciones estudiantiles en Santiago de Compostela. Eso le llevó a ser un “sospechoso habitual”, lo que conllevaba que la policía le denegara el certificado de buena conducta que se exigía por entonces para obtener un trabajo. Tampoco podía tener pasaporte, ni carnet de conducir. Se afilió al Partido Comunista de España durante su permanencia en el servicio militar obligatorio, que tuvo que cumplir en un batallón de castigo debido a su pasado político y vigilado de cerca por el Servicio de Información Militar.
¿Su gran error? Enviar una corona de de flores y publicar una esquela en la prensa para un trabajador que resultó muerto por un “disparo al aire” de un policía de paisano en la manifestación del 1º de mayo de 1974. Cuando al día siguiente la policía empieza a buscar y a detener a los que hicieron la colecta para pagar la corona y la esquela, y ante el recuerdo de la “hospitalidad” de las comisarías y cárceles franquistas, decide huir a Portugal.
Es detenido en junio de 1975 acusado de matar a un policía en Madrid. El tribunal se negó a tener en cuenta un testimonio que declaró que no se parecía en nada al autor del atentado y fue condenado a muerte.
El Estado necesitaba dar ejemplo.
Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo de 27 años y soldador de profesión el primero, y de 22 años y estudiante universitario el segundo, son detenidos y juzgados junto a otros tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) de corte comunista, por el asesinato del teniente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Antonio Pose Rodríguez. Tres vieron conmutadas la pena de muerte por la de 30 años de prisión y ellos dos fueron ejecutados. Silvia Carretero, esposa de José Luis Sánchez Bravo, también fue detenida y sólo se salvó por estar embarazada y porque el médico de guardia de la cárcel de Yeserías, en Madrid, donde estuvo presa sin fecha de juicio, certificó que corría peligro de aborto y esto le permitió salir en libertad provisional y huir a Francia.
¿Qué pruebas de cargo presentaron los fiscales militares? Sólo las confesiones de los detenidos. Ante eso, conviene recordar las declaraciones de Silvia sobre el trato recibido por su marido: "Fue torturado con electrodos en los testículos, ahogamiento en aguas fecales y golpes con toallas mojadas, y estuvo orinando sangre hasta que lo mataron" No olvidemos que la Guardia Civil era y es un cuerpo militar y en aquella época además estaba investido de una casi absoluta impunidad.
Hacía falta un escarmiento, para ello hacía falta una confesión, y la obtuvieron. El cómo era lo de menos.
Juan Paredes Manot, Txiki,  en septiembre de 1975 tenía 19 años y militaba en ETA, político-militar. Como muchos militantes de ETA, Txiki, como era conocido, no nació en el País Vasco sino en Extremadura. De hecho, no pisa el País Vasco hasta los 10 años de edad. En 1972 se afilia en Batasuna, partido de izquierda radical independentista y un año más tarde se integra en la banda terrorista ETA. Es en 1974 cuando sirve de apoyo a un comando que planificaba un atentado contra un cuñado del que sería posteriormente Juan Carlos I, y ante el alto de la Guardia Civil, se enfrenta con ella huyendo a Francia, por lo que es puesto en busca y captura por robo de coches. Por esa época es cuando aprende los rudimentos del euskera, ya que hasta entonces sólo se podía comunicar con sus compañeros de armas en castellano, la lengua del “opresor” y eso era inadmisible en un gudari. Comienza a hacer pequeñas acciones armadas con la banda y en mayo del 75 pasa a Cataluña junto a Iñaki Pérez Beotegui alias Willson, el 30 de julio son detenidos ambos. La prensa publicó la noticia como la detención de dos delincuentes comunes, "Lele" y "Pirómano". Paredes Manot permanece cinco días en la Comisaría Central de Barcelona recibiendo diversas torturas en los interrogatorios que le realizan. Al quinto día ingresa en prisión en la cárcel Modelo.
En agosto se le comunica a Txiki el auto de procesamiento  en el que está imputado por diversas acciones en unión de otras personas. En septiembre la autoridad castrense desglosa la causa  abriendo una nueva en la que es imputado únicamente Juan Paredes Manot, en la cual se pide pena de muerte en juicio sumarísimo.
Los abogados sólo disponen de cuatro horas para estudiar la causa, preparar la defensa  y presentar el escrito de conclusiones provisionales.
Había que obtener una condena y esa era la manera más sencilla y directa de obtenerla.
Ángel Otaegui Etxeberria era el mayor de los cinco fusilados con 33 años. Militante de ETA con solera, intervino en varios atentados, siendo juzgado por el que concluyó con la muerte de cabo primero de la Guardia Civil, Gregorio Posadas Zurrón.
La sangre se lavaba con sangre en aquellos años y la Ley que funcionaba en España era la del ojo por ojo.
León Herrera y Esteban, ministro de Información y Turismo por aquel entonces, anunció que sería al amanecer del día siguiente, el 27 de septiembre de 1975, cuando se ejecutarían las cinco penas de muerte.
Masivas movilizaciones se sucedieron en todo el Estado español para protestar por las  condenas y exigir su abolición. También en Europa el rechazo de las mismas fue muy importante. En Lisboa asaltaron la embajada española; en Estocolmo se celebraron numerosas concentraciones con Olof Palme, primer ministro sueco, a la cabeza; en Oslo, al frente de las manifestaciones se puso el presidente noruego, Uro Kekonen… Incluso el papa Pablo VI solicitó clemencia para los condenados. Sin embargo, de nada sirvieron las movilizaciones.
A Juan Paredes Manot “Txiki”, preso en la prisión Modelo de Barcelona, lo fusilaron junto al cementerio de Collserolla, en las afueras de la ciudad. Ángel Otaegi, fue fusilado a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos. Los otros tres fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, Madrid. José Luís Sánchez Bravo murió a las nueve y media; Ramón García Sanz, a las nueve y diez, y José Humberto Baena Alonso, a las diez y cinco.




Francisco Franco murió cincuenta y cuatro días después.








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